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Fiscal pide 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra

Actualizado el 13 marzo, 2021

Inesperado revés para el expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra. El fiscal Germán Juárez requirió ayer al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario, a quien investiga por las presuntas coimas que habría recibido siendo gobernador regional de Moquegua (20111-2014) de parte de empresas del llamado Club de la Construcción. La jueza María Álvarez será la encargada de evaluar el requerimiento que pesa sobre el hoy candidato al Congreso por Somos Perú.





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2 MILLONCITOS


Según colaboradores eficaces, Vizcarra rec bió un millón de soles de parte de la empresa Obrainsa a cambio de adjudicarse el proyecto Lomas de Ilo. Y otro delator declaró que un consorcio integrado por la compañía ICCGSA pagó 1millón 300 mil soles al entonces gobernador por la construcción del Hospital de Moquegua.

El exjefe de Estado ha negado en todo momento las aseveraciones de los colaboradores. Este caso fue el detonante para que el Congreso vacara a Vizcarra en noviembre del 2020. Para el fiscal Juárez existen suficientes evidencias que demostrarían una posible obstrucción de las investigaciones si el expresidente permanece en libertad.

Se supo que una de las evidencias es la manipulación de testigos, que quedó evidenciada en los audios que grabó su exasistente Karem Roca. En esos registros, se escuchó a Martín Vizcarra instruir a sus asesores a que mientan en sus declaraciones ante la fiscal que investiga el caso Richard Swing.

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CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

“El ‘Club de la construcción’ es el nombre dado a un cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicaban a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el Ministerio de Transportes, mediante el pago de sobornos a autoridades.

El club habría operado de la siguiente manera: cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público arreglaba la licitación a cambio de una coima, explica en un informe de 2019 el Observatorio de la corrupción, de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

el dato

El soborno suponía entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, que eran por valores millonarios. Las empresas se ponían de acuerdo antes de cada concurso sobre cuál de ellas debía resultar vencedora.

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