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Por fin, cárcel para los especuladores de precios

Actualizado el 6 junio, 2020

El pleno del Congreso aprobó durante la madrugada el texto sustitutorio del proyecto de ley 731 y otros, que sanciona el acaparamiento, la especulación y adulteración de productos y servicios en las zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción. Con ello se modificó el Código Penal así como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, la especulación y adulteración. Con 94 votos a favor, ninguno en contra y 33 abstenciones, los parlamentarios decidieron aprobar una autógrafa de ley que había sido observada por el Poder Ejecutivo en el 2017.

La autógrafa señala que dependiendo del tipo de falta la pena será de entre dos y ocho años de cárcel. Esto también se sancionará con entre 180 y 365 días de inhabilitación y multa. Así, el que abusa de su posición dominante en el mercado (abuso de poder económico) o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos para impedir y restringir la libre competencia, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años; además recibirá 365 días de inhabilitación y multa. 

El que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud, con la finalidad de alterar los precios habituales en su beneficio y con perjuicio de los consumidores, podría recibir no menos de cuatro ni más de seis años de cárcel y 365 días multa.

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