Sonia Guillén renunció a su cargo como ministra de Cultura por caso ‘Richard Swing’

Actualizado el 30 mayo, 2020

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aceptó hoy por la tarde la renuncia de Sonia Guillén a la titularidad del Ministerio de Cultura (Mincul), tras las críticas en su contra por el contrato del sector que lideraba con el artista Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en medio del estado de emergencia nacional por la pandemia del Covid.

La antropóloga forense puso hace unos días su cargo a disposición ante el mandatario, tras la ola de cuestionamientos vertidos a su persona. Días antes ya había puesto su cargo a disposición, pero no le respondían.

Esta decisión se toma luego que el Congreso de la República otorgara el voto de confianza al Gabinete Ministerial, en el que estaba incluida Sonia Guillén, pese a su disconformidad expresa a la gestión que el Poder Ejecutivo ha realizado ante la crisis de la pandemia.

Uno de los temas que más rechazó el Pleno del Parlamento, fue el contrato del Mincul con Cisneros, por el monto de S/ 30,000 bajo el concepto de “actividades motivacionales”, a fin de “mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” del sector, según difundió Lima Gris.

El último lunes, el jefe de Estado se pronunció al respecto, pero sin mayores explicaciones, confirmó que conoce al polémico artista desde la campaña electoral de Peruanos Por el Kambio de 2016, del que estaba a cargo y le permitió llegar a la vicepresidencia.

INVESTIGADOS

El Ministerio Público abrió esta semana una investigación preliminar contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en la contratación del compositor Richard Cisneros, más conocido en el ambiente artístico como ‘Richard Swing’, para brindar charlas motivacionales y otros servicios en el Ministerio de Cultura.

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas determinó un plazo de 60 días para que se lleve acabó está investigación preliminar, que inició su despacho el último 20 de mayo, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado.

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