El Equipo Especial Lava Jato sindica a Villarán como parte de una presunta red criminal que habría recibido coimas de Odebrecht.
Susana Villarán en sus horas más difíciles. (Foto: Web)¡Se le viene la noche! Esta mañana, la Fiscalía presentó una seria acusación contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. En dicho informe, investigan a Villarán por los presuntos delitos de colusión, falsedad genérica, asociación ilícita y falsa declaración en procedimiento administrativo. José Domingo Pérez, quien comanda el Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, fue quien realizó el pedido.
Contra la excandidata por Fuerza Social se solicitan 29 años de pena privativa de la libertad. Según el informe fiscal, Villarán de la Puente sería parte de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares. Según el Ministerio Público, esta suma de dinero se da entre los presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS.
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Según la hipótesis fiscal, Susana Villarán habría recibido apoyo económico de las mencionadas empresas. Todo esto con el obejtivo de que financien la campaña por el No a su revocatoria como alcaldesa de Lima Metropolitana.
El fiscal Domingo Pérez plantea que Susan Villarán habría concertado con dirigentes de la empresa OAS y Lamsac por el delito de colusión. Esto con la finalidad de favorecer a ambas empresas con la Adenda Uno en el contrato del Proyecto Línea Amarilla el 2012.
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Ello habría permitido el reajuste de las tarifas de peajes de las vías administradas por Lamsac en el 2013. El principal motivo habría sido recibir un supuesto apoyo económico para su campaña de reelección en 2014.
VILLARÁN Y MÁS INVESTIGADOS
Cabe precisar que, en febrero de este año, el Poder Judicial declaró fundada la prórroga por 6 meses de la investigación en contra de Villarán. Asimismo, el aplazamiento de la investigación fue para 30 investigados más en el caso OAS y Odebrecht.
En la acusación fiscal también fueron incluidos José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros. Contra ellos se ha solicitado penas privativas de la libertad de entre 9 y 25 años.
