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Congreso aprueba la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria

Actualizado el 5 julio, 2020
Retrocedieron. Con 110 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó esta noche la reforma constitucional que elimina la inmunidad para los parlamentarios y altos funcionarios públicos, incluyendo ministros y el presidente de la República. En la modificatoria, el presidente de la República podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. De manera unánime, votaron a favor las bancadas de Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú; Fuerza Popular registró nueve a favor y cinco en contra; Frente Amplio, uno en contra y seis a favor; el Partido Morado votó en contra. Horas antes, Martín Vizcarra anunciaba que se someterá a referéndum esta iniciativa de reforma constitucional junto con la elecciones Generales del 2021, al no haber sido aprobada la modificación el día anterior. El texto sustitutorio del dictamen aprobado modifica los artículos 93, 99, 117, 161 y 201 de la Constitución, precisando en el primer caso que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Además, subraya que «no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria, que realicen en el ejercicio de sus funciones». Remarca, asimismo, que los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, se modifica el artículo 99 señalando que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del Pueblo y el contralor por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas.


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